Hace años que Greenpeace denuncia que Japón está empleando fondos de su programa de Cooperación Internacional al Desarrollo para comprar los votos de terceros países, de forma que estos voten alineados con Japón en la Comisión Ballenera Internacional. Desde que entró en vigor la moratoria sobre la caza comercial de ballenas en 1987, este país, a través de su Agencia de Pesca, ha gastado al menos 360 millones de euros en tratar de acabar con ella. Este cálculo es posiblemente inferior a las cifras reales.

En la reunión de la CBI en 1993, la Agencia Pesquera de Japón “sólo” financiaba a 4 países. En 1999 contaba ya con 7. Actualmente este organismo cuenta con el apoyo de al menos 16 países: Antigua, Benin, Costa de Marfil, Gabón, Granada, Guinea, Kiribatt, Mali, Mauritania, Mongolia, Nicaragua, Palau, Senegal, St. Kitts & Nevis, St. Lucia y Tuvalu. La Agencia Pesquera de Japón ha centrado su programa de compra de votos en los últimos años en África Occidental y Centroamérica.

Los votos de estos países junto con los de países como China, Corea, Islandia, Noruega y Rusia, que votan a favor de las tesis japonesas por interés propio, suponen que la Agencia Pesquera está a pocos votos de tener la mayoría en la CBI.
Japón está muy cerca de una mayoría simple de votos. Esta le permitiría entre otras: introducir el voto secreto en la CBI, cambiar determinadas reglas de procedimiento, o aumentar y consolidar su programa de caza científica que podría expandirse a otras especies o ser llevada a cabo por más países.